La percepción de inseguridad en Guatemala continúa en aumento durante 2026, mientras distintos sectores de la población expresan preocupación por la falta de resultados visibles en las estrategias implementadas por las autoridades para combatir la criminalidad.

Aunque el Gobierno ha decretado Estados de Prevención y Estados de Sitio en varios departamentos del país, ciudadanos señalan que estas medidas no han generado cambios perceptibles en su vida diaria ni en la reducción de hechos violentos.

En zonas urbanas y rurales persisten denuncias relacionadas con extorsiones, asaltos y presencia de estructuras criminales, lo que mantiene en alerta a la población, especialmente en áreas como la Ciudad de Guatemala, Escuintla, Izabal, Petén, San Marcos y Huehuetenango.

Diversos analistas en seguridad coinciden en que la falta de resultados sostenibles debilita la confianza en las instituciones encargadas del resguardo del orden público.

Además, sectores sociales cuestionan la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, señalando que la presencia de la Policía Nacional Civil y del Ejército no ha logrado contener de forma efectiva la expansión de la violencia en distintos territorios.

Ante este escenario, organizaciones civiles reiteran la necesidad de implementar estrategias integrales de seguridad que prioricen la prevención del delito y la protección directa de la población.