El Congreso de Guatemala aprobó una nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, una normativa que moderniza el marco legal vigente desde hace 25 años y amplía los controles sobre sectores que anteriormente no estaban sujetos a supervisión específica. La legislación busca fortalecer la detección de operaciones ilícitas y alinearse con los estándares internacionales promovidos por organismos como el GAFI.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de los proveedores de servicios relacionados con activos virtuales o criptomonedas dentro de los sectores obligados a cumplir medidas de prevención. Esto significa que plataformas, intermediarios y otros actores vinculados a estos activos deberán implementar mecanismos de identificación de clientes y reportar operaciones sospechosas cuando corresponda.

La ley también amplía las obligaciones para abogados, notarios, contadores y otros profesionales que participen en la creación de sociedades, administración de bienes o manejo de activos de terceros. Asimismo, se incluyen actividades vinculadas al sector inmobiliario, considerado uno de los ámbitos con mayor riesgo para el lavado de dinero a nivel internacional.

Las autoridades han enfatizado que la normativa está orientada a combatir estructuras criminales ligadas al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, y no a perseguir la economía informal o las actividades cotidianas realizadas en efectivo. Con esta actualización legal, Guatemala busca fortalecer la transparencia financiera y evitar sanciones o señalamientos internacionales relacionados con la prevención del lavado de activos.